La Justicia de Garantías mantuvo la calificación propuesta por la fiscal Ana María Caro. Maximiliano González será juzgado como autor y el resto por encubrimiento y falso testimonio. De momento, no juzgarán a una sexta oficial por «incumplimiento en los deberes de funcionario público».
Tras el cierre de la investigación y el pedido fiscal, en las últimas horas la Justicia de Garantías elevó a juicio la causa por el asesinato del adolescente Luciano Olivera ocurrido en diciembre del año pasado en la ciudad de Miramar. El efectivo Maximiliano González está imputado del delito de homicidio triplemente agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de un arma de fuego, y con alevosía.
Los otros tres policías que iban en el patrullero, Nelson Albornoz, Kevin Guerricagoitía y Rocío Mastrángelo fueron imputados de encubrimiento doblemente agravado y falso testimonio, ya que dieron una versión de los hechos que, según la fiscal, fue construida para atenuar la responsabilidad del González. A Albornoz también se le agregó el cargo de incumplimiento a los deberes de funcionario público.
Finalmente a Alejandro Cepeda también se le mantuvo el procesamiento por encubrimiento doblemente agravado, en su caso por no entregar el teléfono celular de González a la instrucción.
El juez Bombini, en tanto, sobreseyó a María Estela Mendoza del delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público. Mendoza era jefa de turno y la habían acusado de demorar su comunicación con la fiscalía.
La titular de la Unidad Fiscal Descentralizada de General Alvarado apelará esa última decisión, mientras que la próxima semana las defensas de los imputados definirán su postura.
Con información de 0223 y La Capital.
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